Descripción

Andrés Barreda Marín y Raymundo Espinoza Hernández (coords.)

Editorial Itaca, 2025
ISBN: 978-607-8856-98-5
16.5 x 23 cm, 784 pp., $350.00

En la historia sobran ejemplos en que el Estado y el Derecho son puestos al servicio de grupos de poder y convertidos en instrumentos de opresión de pueblos enteros. Sobre esa base, durante la época del libre comercio norteamericano, en México se acumularon incontables atrocidades que tejieron una crisis social, democrática, jurídica y ambiental de proporciones genocidas. Ante el asombro que provocó el desvelamiento de esta situación y dada la imposibilidad para la sociedad mexicana de acceder a la justicia en tribunales oficiales, en octubre de 2011 el Tribunal Permanente de los Pueblos —tribunal ético internacional e independiente fundado en 1967 y heredero del prestigioso Tribunal Russel— decidió instalar un Capítulo México (TPP-CM) bajo el lema “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”. Desde entonces y hasta noviembre de 2014 miles de participantes y más de 2 300 organizaciones sociales y de base comunitaria se abocaron a realizar una intensa denuncia, debate y documentación colectiva de la guerra social desatada contra el pueblo de México y del desvío de poder del Estado que la posibilitaba (concepto explicativo clave elaborado durante esas deliberaciones).

El presente libro está dedicado a la Audiencia Temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” del TPP-CM. Ofrecemos al público las acusaciones colectivas y los dictámenes producidos por 71 especialistas a lo largo de 16 audiencias sobre agravios socioambientales celebradas en diversas regiones del país, incluyendo las acusaciones generales y el dictamen de la sesión final de dicha audiencia temática. Estos documentos constituyen un valioso primer diagnóstico sobre algunos de los principales problemas ambientales que aún padecemos a raíz de la violencia estructural que produjo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con su cauda de despojos y agresiones contra el territorio, la salud y los bienes comunales del pueblo de México y de sus comunidades integrantes. Son también testimonio de la inteligencia comunitaria que surge de la resistencia y la lucha popular, y nos recuerdan, en tiempos de la inminente reforma mexicana que democratizará el Poder Judicial y sentará un precedente internacional, que es crucial pugnar porque el Derecho sea un bien común producido por el pueblo y para el pueblo.